Temas que queman!

A la hora de tratar la temática del consumo de drogas y narcotráfico la Argentina siempre creyó que ser un “país de tránsito” la colocaba en una posición de privilegio. Acá no se producía ni se consumían estupefacientes, al menos no en cantidades preocupantes. Por eso, lo que más se podía reprochar era la permeabilidad de las fronteras, ya que las drogas producidas en otros países latinoamericanos fácilmente llegaban a sus destinos europeos o a los Estados Unidos vía Argentina. Pero esta dejó de ser la situación del país en materia de consumo y narcotráfico. Hace menos de un mes se publicaron estadísticas oficiales que ubican a la Argentina como el país de la región en el que más se consume cocaína (2,6% de la población entre 15 y 65 años consumió cocaína al menos una vez el último año). El segundo, si hablamos de todo el continente americano, después de Estados Unidos (3% de la población). Tampoco es cierto que no haya producción de estupefacientes. No es novedad que en el interior de Buenos Aires se han encontrado algunas cocinas de cocaína. Además, el pasado 18 de julio apareció un laboratorio de éxtasis, también en el Conurbano bonaerense. Por otra parte la crónica policial registra con frecuencia asesinatos y otros actos de violencia relacionados con el tráfico de drogas: El país acaba de ser testigo del asesinato de dos colombianos vinculados con el "cartel de La Cordillera" y el narcotráfico internacional, en el centro comercial Unicenter, a plena luz del día. El crimen fue cometido por un “sicario” que huyó.
A pesar de este panorama la presidente Cristina Kirchner y el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Aníbal Fernández anunciaron el martes 29 de julio la preparación de un proyecto de despenalización del consumo de drogas. Es importante saber si las autoridades nacionales están previendo, a partir de un minucioso análisis, las repercusiones que ocasionaría una medida como ésta; o si no se trata más bien de una medida demagógica para conformar a algunos sectores de la sociedad, o peor, a sectores vinculados con el crimen organizado.
Ante todo, es necesario aclarar que el régimen penal de estupefacientes está regulado casi completamente por la ley 23.737. Si bien la tenencia y comercialización de las drogas es un delito penal, en la Argentina no se condena al consumidor. Parece que la Presidente no estaba al tanto de ello ya que en el acto para anunciar la “preparación” de un proyecto de despenalización dijo: "No me gusta que se condene al que tiene una adicción como si fuera un criminal. Los que tienen que ser condenados son los que venden la sustancia". Se habla de llevar adelante una política de despenalización como la que rige en Holanda. Pero, ¿se sabe realmente como es la reglamentación y ejecución de esa norma en los Países Bajos? Por el discurso que trasciende pareciera que se tiene total desconocimiento de aquella legislación. Entre las autoridades de algunos países vecinos existe preocupación por los efectos internacionales de la política holandesa. Principalmente los precios relativamente bajos por los que pueden adquirirse en los últimos años algunas drogas duras en Holanda - y desde hace poco también en Bélgica - así como la exportación de existencias de drogas blandas compradas en coffeeshops holandeses, constituyen una especie de piedra filosofal.
La oposición más fuerte a la medida está en el propio gobierno y la encabeza un viejo amigo de Néstor Kirchner, el odontólogo José Granero, a cargo de la Secretaría de Programación para la prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).
En un artículo titulado "Despenalizar no es progresista" que se puede leer en el prolijo sitio web del organismo marcó su posición: "Nos oponemos porque nuestra tarea es reducir el consumo y evitar la aparición de nuevos consumidores". Agregó que las drogas que más muertes causan son las de venta legal (el tabaco y el alcohol) y que por lo tanto legalizar otras, además de muy peligroso, sería jugar a favor de quienes ya lucran con ellas y lucrarán en el futuro.
Para Granero, en un país en el que se duplicó el consumo, la desincriminación agravaría las cosas. Y con un daño colateral: cree que sería aún más preocupante la relación droga-delito: según sus datos, el 68% de los detenidos estaba alcoholizado o drogado en el momento de violar la ley.
Según datos oficiales hay 3.200.000. Para los que impulsan la medida, es una evidencia del fracaso de la ley 23.737 que criminaliza a los consumidores. Del otro lado se argumenta que la iniciativa agravaría la situación. Un debate necesario.